En la demanda se advierte que cualquier cambio en el sistema de salud del magisterio debe hacer tránsito por el Congreso de la República.
El pasado 1 de abril, en el Consejo Directivo del Fomag, conformado por los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, Fecode y la Fiduprevisora, se firmó un acuerdo para dar inicio al proceso de transición hacia el nuevo modelo de atención en salud que beneficiará a 818.960 afiliados al sistema de salud del magisterio colombiano.
Tras varias mesas técnicas lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se acordó crear una Red Nacional de Servicios de Salud, con 32 coordinaciones departamentales y nodos regionales, que busca garantizar el acceso de los maestros a servicios integrales en todo el territorio nacional. De acuerdo como lo explicó el Ministerio de Educación en su momento, este proceso de transición hacia el nuevo modelo de atención en salud para los docentes iba a iniciar durante el mes de abril, y se hará de manera progresiva para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
Es así como los actuales contratos con los prestadores del servicio finalizan el próximo martes 30 de abril, y en este periodo que está por terminar, se debe consolidar un nuevo sistema de salud para los docentes. No obstante, aún faltan dos semanas para que se cumpla ese plazo y aún hay puntos sin ajustarse.
A esa incertidumbre de qué pasará con la atención en salud de profesores después del 30 de abril, se suma ahora una demanda presentada ante el Consejo de Estado que busca la nulidad del acuerdo firmado el pasado 1 de abril.
De acuerdo con el demandante, el abogado constitucionalista, Germán Calderón España, este acuerdo realmente modifica el sistema, modelo o régimen de salud del magisterio y cualquier cambio en el sistema debe hacer tránsito por el Congreso de la República.
“Como se desprende del sistema especial de salud de la Ley 91 de 1989 y de los estatutos de Fecode, la decisión final para un cambio de sistema o régimen de salud del magisterio, depende, en principio, de la base de los educadores y, finalmente, del legislador”, asegura España en la demanda.
